El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) votó este viernes, por nueve votos a uno, una modificación de su estructura que representa una virtual intervención por parte del ejecutivo nacional, que ahora tendrá casi total discrecionalidad para realizar despidos masivos, ajustar en áreas clave y avanzar con la venta de más de 50.000 hectáreas de tierras fiscales que forman parte del organismo y hoy no tienen un destino asignado.
El eje de la medida es la creación de la Secretaría de Coordinación de Gestión, un cargo ejecutivo dependiente del Consejo Directivo que centralizará el control sobre áreas estratégicas: Administración, Recursos Humanos, Operaciones y Comunicación. Este puesto, designado por el Ministerio de Economía, desplaza a la histórica Dirección Nacional, cuyos cargos se asignaban por concursos técnicos. El presidente y vicepresidente del INTA, Nicolás Bronzovich y María Pilu Giraudo,vinculados a la asociación agrícola Aapresid, respaldaron la reforma que además solo tuvo la oposición del representantes de las Universidades.
El ajuste incluye un plan de retiro voluntario para reducir la planta de 6.000 a 4.500 trabajadores, según advirtieron fuentes sindicales. Además, se eliminarán áreas de extensión rural que hoy asisten a pequeños productores y se mantendrán solo las direcciones de Investigación y Transferencia Tecnológica, reorientadas hacia ?la demanda privada?, según se desprende de documentos internos del Instituto.
La Estación Experimental Agropecuaria AMBA, enfocada en agricultura urbana, y 41 agencias de extensión ya habían sido cerradas en marzo, por lo que la modificación de la estructura es solo un paso mas en el plan de ajuste del gobierno.
Hasta este viernes las entidades del campo, que tienen 5 representantes en el Consejo Directivo del INTA, habían resistido las modificaciones, pero según algunas versiones durante la edición de ExpoAgro de este año hubo una reunión con tintes de "apriete" que surtió el efecto buscado por el ejecutivo que ahora podrá colocar un gerente coordinador con facultades casi absolutas.
Para los gremios, como APINTA, esto significa ?quitar autonomía y someter al INTA a una lógica privatista?, por lo que adelantaron que que analizarán acciones legales, atento que ?la estructura del INTA está definida por ley del Congreso. Dudamos que el Consejo tenga facultades para modificarla sin debate legislativo?. No sería la primera vez que el gobierno nacional avanza aún sabiendo que sus medidas están al límite de la legalidad.
Otro de los objetivos de la "motosierra" es la disposición de tierras del Instituto. Un relevamiento interno confirmó que, de las 116.000 hectáreas que posee el organismo, más de 50.000 están ?subutilizadas? y expuestas a usurpaciones, falta de acceso o robos, o al menos ese fue el argumento que utilizó en noviembre, el vocero presidencial Manuel Adorni cuando anunció un ?plan de modernización? que incluye ventas, como la del edificio de Cerviño en Buenos Aires, subastado en 2023 por USD 18,5 millones a un desarrollista inmobiliario.
Aunque fuentes oficiales insisten en que no hay decisiones tomadas sobre las tierras, los gremios alertaron que la intervención allana el camino para su privatización y en ese sentido recordaron que desde la llegada de Milei al gobierno ya se fusionaron o cerraron 12 organismos, y hay rumores de una posible unión del INTA con el INTI.
El proceso había comenzado en diciembre de 2024 con la creación de la Unidad Consultora para la Modernización Institucional, creada por Juan Pazo, actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y hombre de confianza del ministro de Economía Luis Caputo. La unidad estaba integrada por Inés Liendo, Matías Nardello y Gustavo Abaurrea vinculados al PRO de Mauricio Macri, y por Luis Negruchi, cercano a la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que tiene varios integrantes en el organismo.
El objetivo de esa nueva dependencia era precisamente evaluar las condiciones para realizar un ajuste en el personal y relevar las tierras y edificios que son propiedad del INTA con el fin de ponerlos a la venta en condiciones que vienen siendo duramente cuestionadas por tratarse de campos y dependencias ubicados en zonas estratégicas que saldrían a la venta a valores por debajo de los del mercado.
Fuente: Código BAIRES
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