Capemppor pide al SENASA información sobre los brotes de Aukeszky

En un comunicado, Di Palma se refirió al texto que difundió el martes la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina. Reconoció que el documento respalda el plan vigente y no es alarmista, pero advirtió que le faltan datos. ?Habla de nuevos brotes sin fecha, sin lugar, sin cantidad, sin escala de los establecimientos y sin mencionar al organismo que los habría diagnosticado?, señaló.

Según Di Palma, la información existe. El Senasa mantiene un registro público del estado de cada granja controlada, y el zootecnista Juan Luis Uccelli (JLU Consultora) publicó el 26 de octubre un informe elaborado a partir de ese tablero oficial. Según ese informe, al 22 de octubre había 1.108 unidades productivas con estatus de Aujeszky cargado, que suman 3,83 millones de cabezas. De ellas, 104 tenían el problema activo, 93 en saneamiento y 11 infectadas, con 503.246 cabezas, el 13,1% del stock relevado. Los casos se concentran en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe: solo Córdoba reúne 232.931 de esas cabezas, casi la mitad. El informe aclara que los datos corresponden solo a las granjas que ingresaron a los programas de certificación, vigilancia o saneamiento, y no al total de granjas del país.

Di Palma advirtió que esas cifras deben leerse con cuidado. Desde enero de 2024 hay 97 unidades con un diagnóstico de infección registrado, la gran mayoría en 2026, y 86 de ellas ya pasaron a saneamiento, por lo que la cifra de infectadas, leída sola, subestima el problema. Además, el tablero asigna un solo estatus por granja y da prioridad al saneamiento: una granja recién diagnosticada sale de la columna de infectadas apenas empieza a sanear.

Para el presidente de Capemppor, ese registro no alcanza como aviso al sector. ?Un tablero de estatus no es un parte epidemiológico: muestra en qué categoría está cada granja, no cuándo cambió, ni dónde se concentran los diagnósticos recientes, ni qué hipótesis de ingreso se investigan?, expresó. Propuso pedir al Senasa un parte periódico agregado por departamento, fecha y escala, mediante un pedido de acceso a la información pública bajo la Ley 27.275.

Di Palma aclaró que no hay datos públicos que indiquen que los brotes actuales se originaron en la genética, y que su planteo no busca responsabilizar a las empresas. Recordó que el propio informe de Uccelli señala al transporte, en particular a los lavaderos de camiones, como una de las vías más mencionadas por los técnicos que investigan las causas.

Sobre el reparto de responsabilidades, señaló que ?en el esquema vigente la responsabilidad se comparte de manera desigual?. Explicó que la normativa del Senasa incorpora por etapas a los establecimientos más chicos al muestreo obligatorio: los de 59 a 99 cerdas desde abril de 2026 y los de 20 a 59 al año siguiente. De ese modo, el pequeño productor ya paga su parte del control, pero ?se entera último y por vía indirecta?.

Di Palma reconoció que hay razones atendibles para el silencio: la información de cada granja tiene valor comercial y difundirla puede castigar a quien notificó, lo que desalienta notificar. Aclaró que ni la Cámara ni el Senasa deberían publicar nombres de establecimientos, pero sostuvo que ?entre nombrar una granja y no decir nada hay un espacio amplio: departamento, fecha de diagnóstico, escala, tipo de establecimiento y vía de ingreso bajo investigación?.

A las empresas de genética les planteó un gesto simple y voluntario: ?publicar, para cada firma asociada, el estatus vigente de sus núcleos y multiplicadores y la fecha del último muestreo negativo?.

Para Di Palma, la Cámara de Genética hizo lo que el organismo sanitario no hizo: avisar. ?El problema es que un aviso sin datos obliga a cada productor a adivinar, y en sanidad animal adivinar sale caro?, concluyó.

Comunicado original de Capemppor, firmado por su presidente, Alejandro Di Palma.